CONGRESO APRUEBA LEY PARA PROMOVER BANDA ANCHA EN EL PAÍS

Lima, jun. 17 (ANDINA). El proyecto de Ley de Promoción por el Estado de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para promover la banda ancha obtuvo la aprobación mayoritaria del pleno del Congreso, minutos antes de culminar la presente legislatura.

Presentada por Mesías Guevara, y sustentada por Víctor Isla, presidente de la Comisión de Transportes, la norma permitirá mayor velocidad en la transmisión de datos por internet en lugares en donde la empresa privada no llega.

El autor del proyecto también señaló que el sistema digital facilitará la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad y la seguridad del país.

Frente a las observaciones al proyecto sobre la falta de iniciativa de gasto del Congreso, Guevara dijo que ya existe el Fondo de las Telecomunicaciones desde 1994, el mismo que cuenta con infraestructura e instalaciones.

“Fitel ha sido promotor del proyecto de banda ancha satelital que llega a 3600 pueblos, del proyecto de banda ancha rural entre otros”, explicó.

FUENTE: www.andina.com.pe

COMISION DE PRODUCCION APRUEBA PROYECTO DE LEY DE BODEGAS

Lima.- La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en su sesión del 5 de Junio, aprobó por mayoría el proyecto de Ley 802/2011-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria, a iniciativa del Congresista Mesías Guevara Amasifuen, denominado “Ley de Bodegas”.

El Proyecto de Ley contó además con las opiniones de la Dirección General de Mype y Cooperativas, y se enmarca dentro de los alcances de la Ley Orgánica de las Municipalidades y su rol promotor de la participación vecinal y el desarrollo local, lo que permitirá una modernización de los negocios y la generación de incentivos de formalización y empleo.

Entre los beneficios y costos se puede mencionar que favorece la consolidación e incremento de los niveles de inversión en la comunidad local. Los inversionistas, bodegueros reciben de los gobiernos locales un servicio de calidad, oportuno, eficiente y eficaz. Asimismo, se producirán mejoras en la competitividad por un mejor acceso al mercado.

El Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley  802/2011-CR, con un texto sustitutorio propone dentro de sus artículos la Promoción del desarrollo de las bodegas en cuanto micro y pequeños negocios; en ese sentido, los gobiernos locales aplicarán normas de simplificación administrativa e incorporarán a las bodegas en sus políticas de desarrollo económico, buscando vincular los ámbitos de producción y comercialización.

También se propone programas de capacitación y asesoramiento permanente a los propietarios conductores de bodegas, ampliando sus oportunidades para establecer  plataformas y mecanismos que permitan hacer que estos negocios sean rentables.

Del mismo modo, el proyecto contempla el apoyo a las innovaciones tecnológicas a fin de satisfacer las exigencias que se generan por el crecimiento de la demanda y las necesidades de modernización. Asimismo, en relación a la Gestión ambiental, se sugiere que los gobiernos locales consideren a las bodegas en sus planes y acciones para un desarrollo local sustentable.

Finalmente, el artículo quinto establece condiciones de limpieza y ambiente saludable, donde los gobiernos locales coordinarán con las instituciones nacionales de salud pública para asegurar que los artículos que se expenden y los que se hallan almacenados se mantengan limpios y el equipamiento de las   bodegas se halle en buenas condiciones de funcionamiento.

Tiene como disposición final y transitoria la declaración del Día del Bodeguero (21 de agosto), día festivo tradicional que ya se celebra entre los bodegueros, en reconocimiento al arduo trabajo  y emprendimiento que esta gran fuerza de ventas realiza día a día en la comunidad local.

Fuente:

Kelly Huamán EspejoDespacho Congresista Mesías Guevara

EN CAJAMARCA Y EN CUZCO, EL OBJETIVO ES MATAR LA PROTESTA SOCIAL PARA NO DIALOGAR

Dr. Jorge Tacuri Aragón

POR: Jorge Tacuri Aragón

En estos días en los que los conflictos socio-ambientales han vuelto ser tema de debate entre los peruanos, hemos visto una vez más algunos roles ya conocidos; deslegitimación y reducción de la protesta por parte de los medios de comunicación que están al servicio del poder; intervención “constitucional” de las fuerzas armadas para garantizar la propiedad privada, pública y sobre todo el orden; detenidos, heridos y muertos en los actos de represión de la protesta; psicosociales mediáticos como los supuestos restos encontrados del Mayor PNP Bazán, desaparecido en los lamentables hechos de Bagua, las pintas alusivas a ETA en Arequipa, las bombas molotov encontradas en las inmediaciones del aeropuerto de Cajamarca, entre otros. Pero lo que parece nuevo para este quinquenio es que se ha visibilizado una alianza entre diversos sectores del poder que tiene como finalidad imponer el modelo extractivista y matar la protesta social que la resiste; me refiero al  papel más visible que juega el Poder Judicial y el Ministerio Público en este tipo de conflictos. El primero, encabezado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por Dr. Cesar San Martin Castro, quien frente a los medios ha salido a respaldar la detención arbitraria del alcalde de Espinar avalando más allá de sus competencias el conjunto de arbitrariedades que las organizaciones de derechos humanos viene  denunciando, es la primera vez que el máximo representante de la justicia en él Perú sale a avalar la intervención policial, fiscal y judicial en este tipo de conflictos. El segundo, movilizando casi un centenar de fiscales a Cajamarca entre ellos los especializados en criminalidad organizada, como si en las protestas hubieran bandas o grupos del crimen organizado.

PROTESTA EN CAJAMARCA CONTRA CONGA

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que las bombas molotov halladas en la camioneta de serenazgo del municipio de Espinar fueron sembradas. El representante de Instituto de Defensa Legal, Dr. Carlos Rivera ha revelado que la detención del alcalde de Espinar fue ilegal debido a que el burgomaestre fue privado de la libertad sin orden judicial y sin que exista el supuesto de flagrancia, que la orden judicial salió varias horas después de la detención, añadiendo que la transferencia de competencia a la Región de Ica y el traslado a una cárcel de dicho lugar, paseándolo por la base antisubversiva de Masamari en Junín es una acto de tortura psicológica y violatorio  de la garantía constitucional del Juez natural.

Esta cadena de acciones arbitrarias, de persecución y represión están debidamente coordinadas entre el poder político (Humala y Valdez), el Ministerio Público y el Poder Judicial responsables hoy de haber mandado al traste el mandato constitucional de autonomía de poderes, conjunto de hechos que articulados son una grave amenaza para los derechos humanos, derechos de la madre tierra y la democracia.

El objetivo entonces ya no es solo un asunto de orden público sino de  matar la protesta con la represión escarmentadora que busca sembrar muertos en el camino de las movilizaciones, con criminalización, judicialización y militarización de los conflictos sociales, con la intervención del sistema penal al servicio del poder político y económico, con sembrado de pruebas para vincularla a acciones terroristas o de sabotaje y con ello ilegalizar toda forma de resistencia y movilización.

Matar también el dialogo, deslegitimando a los líderes y dirigentes para presentarlos como delincuentes o instigadores, tergiversando o cercenando las demandas para desinformar a la opinión pública, con detenciones masivas e ilegales que para el caso de Espinar no tenía como única finalidad el restablecimiento del orden publico sino descabezar la protesta para no dialogar.

Frente a estas graves amenazas no queda otra cosa que repensar los procesos de unidad de los actores sociales y políticos progresistas en torno a la agenda social y ambiental planteada por los movimientos sociales, y en lo que concierne a las organizaciones de derechos humanos comprometidos con la incidencia y defensa de los luchadores sociales a desnudar el papel que juega hoy el sistema penal e incorporar en las demandas sociales la necesidad de desmontar la lógica ultra punitiva, de seguridad nacional con que se trata hoy a la protesta social, y como un asunto transversal a todo esto legitimar aún más las estrategias de dialogo como único mecanismo eficaz para solucionar democráticamente este tipo de conflictos.

Iquitos, 01 de junio del 2012. 

- Jorge Tacuri Aragón

Programa de Defensa de Derechos Indígenas 

FUENTE: América Latina en Movimiento